LA VIOLENCIA en el capitalismo es algo consustancial al mismo, y uno de los roles del Estado es asegurar el monopolio de la violencia en defensa de los intereses capitalistas.
Esta violencia es algo que la clase obrera ha padecido desde su aparición. Las «Enclosure Acts» inglesas expulsaron a la miseria de una manera violenta a cientos de miles de agricultores pobres,pasando a formar parte del proletariado primigenio, pero desencadenando una fuerte resistencia: levantamientos, revueltas... duramente reprimidas. Nos podemos retrotraer hasta los inicios del movimiento obrero industrial para comprender esta relación de protesta-represión. Toda reivindicación y protesta por parte de la clase trabajadora, pacífica o en situación de autodefensa, siempre que se ponga en duda el orden establecido, ha venido sucedido de oleadas represivas.
Pero no son sólo porras y balas. El capital junto al Estado, ha ido desarrollando una compleja maquinaria que utiliza día a día. El uso de la extorsión económica mediante la amenaza del despido y paro es una herramienta harto utilizada, y que en épocas de crisis económicas se agudiza, condenando a la miseria a millones de personas. La legislación laboral ha ido degradándose reforma tras reforma, legalizando el despido libre de facto. La precarización del empleo también facilita y fomenta la extorsión a la clase obrera. Este es el ámbito donde se ha movido el sindicalismo oficial durante las últimas tres décadas, negociando el alcance de estas medidas en nombre de la concertación social.
Pero el uso del arma represiva va mucho más allá. Están atando todos los cabos para que no les quede ninguno suelto, incluyendo la mayor profundización de la criminalización de la desobediencia civil. Aquí situamos acciones pacíficas de protesta y reivindicación mediante la ocupación del espacio público, con la intención de que pasen a ser legisladas por el código penal. Y la extorsión económica que va en aumento, con multas cada vez mayores. El paradigma lo encontramos en las ordenanzas cívicas que se están adoptando, donde todo se prohíbe en nombre del civismo y el medio ambiente. Cuestión contradictoria, más cuando tenemos los pueblos y ciudades invadidos de publicidad comercial y la contaminación ambiental supera los límites máximos insalubridad día a día.
Y en referencia a las huelgas y conflictos en las empresas, más de lo mismo. En la huelga
del 29 de marzo del presente año, los detenidos, bajo diversas acusaciones han dio a más. Los casos de Navarra, donde después de la huelga se detuvieron a una veintena de personas, o el de Barcelona, donde el conseller de Interior advirtió sobre la extensión de las «guerrillas urbanas» y anunció que se llevarían a cabo nuevas detenciones, son un ejemplo de la dirección que ha tomado el Estado frente a los movimientos reivindicativos y de protesta.
En diciembre de 2011 el Estado hizo un pedido de gas lacrimógeno y bombas de humo por un valor de 1.488.570 euros, mientras en 2007 sólo se gastaron 143.750 euros. Queda claro de qué manera va a responder ante las movilizaciones. Además de la maquinaria legal, está claro que este material no se pide para dejarlo almacenado. Saben que la conflictividad va ir a más, y ante esta situación, saben muy bien que hacer. La metodología utilizada en el conflicto (aún vigente) de la minería, donde la autodefensa de los trabajadores hizo frente a la violencia del Estado (extorsión económica y violencia policial) es algo a tener en cuenta. Ante la incapacidad de situar el discurso represivo en términos eficaces para poder manipular a la sociedad, se paso a su desactivación en los medios, mediante la desinformación respecto al conflicto. La fuerte resistencia que han planteado necesita la complicidad y solidaridad del resto de la sociedad para poder conseguir los objetivos que se han planteado. La lección es relación de protesta-represión.
Debemos estar preparados ante el ataque que nos viene. El robo de derechos ha sido brutal, y el Estado se está preparando para seguir defendiendo sea como sea los privilegios del Capital. Como ejemplo, la inclusión de la resistencia pasiva en el código penal en un paso más en la criminalización de toda protesta. Pero eso no significa que debamos quedarnos parados, ahí tenemos el ejemplo del movimiento antimilitarista y por la insumisión, penado con la cárcel, pero que acabó con el servicio militar obligatorio. Porque un movimiento cohesionado, que aprende de las experiencias propias y ajenas, y con los objetivos bien claros puede hacer frente a cualquier tipo de represión, pero para ello debemos estar alerta en todo momento. Es lo que nos demuestra la historia. Porque no hay escenario apocalíptico, sólo gente con miedo. Y es lo primero que debemos superar para hacer frente a la represión que nos venga.
*Endika Alabort es columnista de Berria y
miembro del Instituto de Ciencias Econó-
micas y de la Autogestión (ICEA)
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domingo, 2 de diciembre de 2012
LA PORRA,LAS BALAS Y EL CÓDIGO PENAL..
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